La reciente publicación de la Ley 9/2017, que prohíbe la contratación pública a personas jurídicas que hayan sido condenadas penalmente, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de la certificación de los sistemas de gestión del compliance. Ésta, realizada según UNE 19601 e ISO 37001, es una herramienta clave para el establecimiento de una sólida cultura de cumplimiento y, con ello, para la prevención y detección de conductas contrarias a la ley. Salvador Román (AENOR)